Con este pronunciamiento del Tribunal Bilateral de Inversiones en el Caso Chevron III, seguido por la petrolera en contra del Estado ecuatoriano, se revierte uno de los argumentos sostenidos por la compañía, para evitar el cobro de la sentencia impuesta por la Justicia ecuatoriana, de la que dice es ilegal.

Quito, 16 de marzo de 2014.– En el último dictamen emitido por el Tribunal de Arbitraje, el 12 de marzo de 2015, dos de sus tres miembros reconocen que la demanda de Lago Agrio, “incluye reclamaciones individuales que descansan sobre los derechos individuales en virtud de la legislación ecuatoriana” y por tanto no están “comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo de liquidación de 1995”. Es importante recordar que las piscinas de desechos tóxicos, están ubicadas en fincas de campesinos o territorios comunitarios, lo que ha determinado una mayor gravedad de los impactos de la contaminación, entre los que se cuentan la pérdida de decenas de cabezas de ganado, aves de corral y cultivos, que son bienes particulares.

Con este pronunciamiento, se invalida el argumento de la petrolera que sostiene que el Juicio de Lago Agrio es ilegal puesto que el Estado ecuatoriano firmó un Acuerdo de Liberación de Responsabilidades. Esta tesis que ha sido constante tanto para tratar de desconocer la validez del proceso jurídico en Ecuador, así como las acciones de cobro que siguen los demandantes en Canadá, Brasil y Argentina, no tiene ningún asidero.

Es más, el Tribunal de Arbitraje en esta misma decisión sostiene que no había prohibición para tramitar “La denuncia de Lago Agrio” realizada por las comunidades afectadas aún con la existencia del “Acuerdo de Liberación de 1995”.

Esta decisión del Tribunal de Arbitraje, reconoce y apoya los argumentos sostenidos por los afectados ecuatorianos, que han sostenido el juicio por más de 21 años y que finalmente obtuvieron sentencia favorable y ahora realizan acciones de ejecución en otros países, luego de que la petrolera retiró todas sus inversiones y bienes de Ecuador, para evitar el pago.

Pablo Fajardo, quien ha representado a los demandantes desde que el Juicio se instauró en Lago Agrio, sostiene que “toda la defensa de Chevron está basada en mentiras construidas con testigos pagados o documentos forjados a su conveniencia, pero toda su estrategia se derrumba. El pronunciamiento de este “Tribunal escogido por Chevron para protegerse de la sentencia empieza a desmantelar todas las falacias a través de la cuáles la petrolera ha pretendido quedar impune del crimen ambiental cometido en Ecuador”. Este hecho, según Fajardo es significativo, al no ser el primer revés que tiene la compañía en las jurisdicciones que ella misma ha escogido, “ha sucedido varias veces en los Tribunales de Estados Unidos en donde ha perdido varios casos en contra de los demandantes ecuatoriano; incluso existen altas posibilidades de que en los próximos meses el Segundo Circuito revierta la sentencia emitida por Kaplan que declaró como extorsionadores a los campesinos e indígenas ecuatorianos; y ocurrió en Ecuador que fue la jurisdicción escogida por la petrolera, bajo la teoría de que en este país le sería fácil influir sobre los jueces”, sostiene el abogado.

Fajardo ratifica que la demanda realizada por la Chevron en contra del Estado ecuatoriano, acudiendo de manera ilegal ante el Tribunal Bilateral de Inversiones, bajo un tratado suscrito luego de dos años de que la compañía dejó de invertir en Ecuador, tiene como único objetivo inmiscuir al Gobierno en un juicio que es privado, para intentar parar la sentencia emitida en su contra y en el peor de los casos, que todos los ecuatorianos paguemos por la contaminación provocada por la petrolera en la Amazonía norte.

Texaco operó en Ecuador entre 1964 y 1992, en una concesión de más de 450 mil hectáreas, en las que construyó más 880 piscinas sin ningún tipo de recubrimiento, en el que vertían agua tóxica y petróleo que permeaba por la porosidad de los suelos y se regaban al desbordarse; arrojó más de 16 mil millones de agua tóxica en esteros, ríos y fuentes de agua, vertió petróleo directamente a los suelos y utilizó mecheros antitécnicos para la quema de gas, lo que provocó una basta y extensiva contaminación que ha producido la existencia de índices de cáncer 3 veces mayores que otras zonas de explotación petrolera, graves problemas de salud, los mayores índices de abortos espontáneos y mal formaciones, la destrucción del hábitat de la Amazonía, la pérdida de medios de subsistencia para sus habitantes por la baja productividad de los suelos y la contaminación de las aguas; la extinción de especies animales y vegetales, la muerte de animales, la disminución dela casa y la pesca, el empobrecimiento paulatino de la población, la violación de los derechos colectivos de las poblaciones ancestrales, entre otros.

Son estas razones que llevaron a los afectados a iniciar una demanda, que inicialmente fue interpuesta en Nueva York en 1993 y por pedido de la petrolera, que sostuvo que Ecuador era la jurisdicción adecuada para tratar la demanda se trasladó a Ecuador. En el año 2003 se establece el juicio en Sucumbíos (Lago Agrio, ahora Nueva Loja) y en el 2011 el Presidente de la Corte de Justicia emite sentencia de primera instancia, la misma que es ratificada por la Corte Provincial de Sucumbíos (2012). Chevron solicita el Recurso Extraordinario de Casación ante la Corte Nacional de Justicia, que en el 2013 resuelve también en favor de los demandantes ecuatorianos.

A pesar de haberse tramitado el juicio en todas las instancias que la petrolera ha escogido, la compañía sigue intentando acciones y presiones para incumplir con el pago de la sentencia, que deberá ser utilizado para la reparación de las zonas afectadas. Cabe anotar que los montos que debe pagar la petrolera será administrado por un fideicomiso que ya ha sido constituido y se invertirá en la reparación de suelos, agua, restablecimiento ecológico, sistemas de salud y fortalecimiento de las culturas indígenas. Los montos han sido establecidos en la misma sentencia, de manera tal que no existe ninguna duda sobre su uso y ninguna posibilidad de una utilización inadecuada de los mismos.

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