Quito, 6 de julio de 2016.- La Unión de Afectados por Texaco (UDAPT), considera que sería muy grave y un “atraco al país”, si el Estado llega a pagar a Chevron en lugar de hacer efectiva la orden de embargo en favor de los indígenas y campesinos que lograron una sentencia para que la petrolera pague para la reparación de los daños ambientales provocados en las provincias de Sucumbíos y Orellana.

Humberto Piaguaje, coordinador de la UDAPT, informó que hasta el momento el Presidente de la Corte Provincial de Sucumbíos no ha emitido los oficios con los que se notifica el embargo impuesto a los activos y bienes de Chevron en Ecuador y que está vigente desde junio del 2013, lo que resulta bastante extraño.  Si el Estado llega a pagar a Chevron por falta de notificación, los culpables de este acto en contra del país serán responsabilidad del Juez y de la Corte Superior de Sucumbíos.

El dirigente de los afectados hace un llamado a los órganos correspondientes, a las organizaciones sociales y a la ciudadanía en general a estar pendientes para evitar este acto que sentaría un grave precedente para quienes, aún habiendo obtenido una sentencia favorable para lograr justicia y restablecimiento de derechos, estén sujetos a dictámenes de justicias de otros países, lo que pondría en grave riesgo la soberanía nacional y favorecería los intereses económicos de las transnacionales, en perjuicio de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos. Las organizaciones del país pedimos respeto a la institucionalidad ecuatoriana, “sería inaceptable que se desacate una orden judicial ecuatoriana y se obedezca una norteamericana” dice Piaguaje

El “caso Chevron” como se le conoce, ha adquirido reconocimiento mundial por haber sentado en el banquillo a una de las empresas multinacionales más grandes del mundo.  Este juicio ha logrado poner en evidencia las estrategias que utilizan este tipo de empresas y destapar la estructura de impunidad mundial que favorece el cometimiento de violaciones a los derechos humanos de las poblaciones donde operan.  Por esta razón, este caso está siendo motivo de análisis en los principales foros mundiales.  Una falla administrativa de una Corte ecuatoriana, no haría más que retardar la justicia, lo que sería muy mal visto a nivel global, considera Humberto Piaguaje.

Donald Moncayo, miembro del Comité Ejecutivo de la UDAPT, calificó como un hecho muy grave si el Estado acuerda el pago a la petrolera Chevron. “No podemos permitir que se pague casi 100 millones de dólares a la petrolera que ha sido la culpable de muerte de ciudadanos ecuatorianos, graves problemas ambientales, económicos, sociales y culturales en contra de pobladores indígenas y colonos de las provincias de Orellana y Sucumbíos”.  Consideró que como Estado, Gobierno y ciudadanos no podemos permitir que esto ocurra.  Informó que si no se inician inmediatamente los trabajos de reparación ambiental, seguirían incrementándose el número de enfermos y muertos por efectos de la acumulación de tóxicos que permanecen en el suelo y agua de las zonas contaminadas. Recordó que el monto de la sentencia será invertida en su totalidad en la reparación de los territorios afectados, de acuerdo a lo que consta en el dictamen judicial.

Los afectados por Chevron mantienen un litigio contra la petrolera Chevron, que lleva 22 años.  La demanda judicial fue resuelta en las tres instancias judiciales en Ecuador y fue favorable a los demandantes ecuatorianos.  La sentencia obliga a Chevron a pagar más de 9.500 millones de dólares que deberán ser utilizados para la reparación de suelos, fuentes de agua, restablecimiento de las culturas de las nacionalidades indígenas, establecimiento de sistemas de agua segura y cobertura de salud para quienes sufren afecciones relacionadas con la contaminación.

Chevron retiró todos sus activos y bienes del país, por lo que los afectados están siguiendo acciones de ejecución en Brasil, Argentina y Canadá.  En meses pasados la Corte Suprema de Canadá emitió un dictamen mediante la cual  acepta la jurisdicción para que se tramité la homologación de la sentencia ecuatoriana, lo que abre el camino para el cobro del total de la sentencia en ese país.

Mientras evade la justicia ecuatoriana, Chevron ha utilizado el Tratado Bilateral de Inversiones para demandar al Estado ecuatoriano, como resultado de lo cual ganó el caso conocido como Chevron 2, cuya demanda está basada en la no resolución por parte de las cortes ecuatorianas, de juicios comerciales instaurados por la petrolera.  Este juicio, no tiene relación alguna con el juicio ambiental privado que mantienen los afectados ecuatorianos.  Es necesario ratificar que pesa orden de embargo sobre todos los bienes y activos que tiene la petrolera en Ecuador.

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